Incapacidad permanente en Tenerife: grados, requisitos y solicitud

Los cuatro grados de incapacidad permanente

El art. 194 LGSS distingue cuatro grados con consecuencias económicas muy distintas:

• Parcial (IPP): disminución del rendimiento en la profesión habitual ≥33% → indemnización a tanto alzado (24 mensualidades base reguladora)
• Total (IPT): inhabilita para la profesión habitual → pensión vitalicia 55% de la base reguladora (75% si +55 años y dificultad real para trabajar)
• Absoluta (IPA): inhabilita para TODA profesión u oficio → pensión 100% base reguladora, exenta de IRPF
• Gran invalidez (GI): absoluta + necesidad de ayuda de tercera persona → 100% + complemento (45% de la base mínima de cotización + 30% de la última base de cotización del trabajador, art. 196.4 LGSS)

Requisitos para acceder a la pensión

Además del grado médico, hay que cumplir requisitos de cotización:

• Estar afiliado a la Seguridad Social y en alta o situación asimilada
• Cotización mínima que depende de la edad: menor de 31 años = 1/3 del tiempo trabajado desde los 16; igual o mayor de 31 años = 1/4 del tiempo trabajado desde los 20, con un mínimo de 5 años
• Si la IP deriva de accidente (laboral o no) o enfermedad profesional, NO se exige cotización previa
• Para IPT, además: cotización específica en los últimos 10 años de al menos 1/5 parte del tiempo

Cómo se inicia el procedimiento

Hay dos vías para iniciar el expediente de incapacidad:

1. **De oficio por el INSS** tras agotar los 365 días de IT + 180 prórroga (18 meses totales). 2. **A instancia del trabajador** en cualquier momento si considera que sus secuelas lo justifican, aportando informes médicos.

El EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades) emite dictamen médico tras valorar al trabajador. La directora provincial del INSS resuelve. Si hay denegación o grado inferior al esperado, se abre la vía administrativa (reclamación previa) y después judicial.

Por qué muchos expedientes se ganan en segunda vuelta

El INSS deniega en primera instancia un porcentaje muy alto de solicitudes. Los motivos técnicos más frecuentes son: falta de informe médico suficiente, EVI que infravalora secuelas, errores en el cálculo de la base reguladora o rechazo por motivos formales.

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